LA ANGUSTIOSA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD
Por: Licenciada Alicia Torres
Por: Licenciada Alicia Torres
Abordo la siguiente reflexión en principio como un
reconocimiento de que la inseguridad es hoy una de las preocupaciones
centrales en nuestra sociedad y que por tal motivo ha ocupado un lugar
relevante en la campaña de los candidatos de las últimas elecciones. La
inseguridad, no ha merecido, a mi entender, el tratamiento que la
complejidad del tema requiere por cuanto no se ha tomado en cuenta el
contexto histórico en el que tiene lugar, es decir las condiciones
económico – sociales que constituyen la base material en la que la
problemática se asienta.
De modo que, las siguientes reflexiones que realizo, parten de
la necesidad de analizar el problema teniendo presente en principio que
la llamada inseguridad que suele estar vinculada sólo a los delitos
interpersonales, omite tener presente el hecho de que en verdad se trata
de un fenómeno social mucho más amplio y complejo y que como tal debe
de ser analizado.
Creo importante señalar que las conductas delictuales sufrieron una
transformación a partir de la implementación de las políticas
neoliberales y esto se advierte en el significativo aumento de los
delitos interpersonales en detrimento de la conflictividad que antes
tenía lugar entre partidos, grupos políticos o sectores sociales. Es
precisamente este aumento del delito interpersonal el que lleva a la
búsqueda de soluciones inmediatas, generalmente de carácter represivo,
que evitan los razonamientos más complejos que puedan dar cuenta de las
múltiples causas que dan origen a la problemática de la inseguridad.
Entiendo que existe una representación social del delito y del
delincuente que de algún modo se construye a partir de la selección y
amplificación que los medios de comunicación hacen tomando casos
ejemplares y que es de estas representaciones de las que se nutre el
miedo. Existe un recorte de la realidad que instala un tipo de
delincuencia que es percibida como amenazante, peligrosa, asociada
generalmente con la pobreza, con la marginalidad, con la drogadicción y
que excluye a aquella vinculada al poder económico, al poder político,
al crimen organizado. Lo que sucede entonces es que hay una mirada
parcial del problema y una superficialidad en la manera de encarar el
tratamiento de la inseguridad, por lo que se termina mostrando que los
actos delictivos son producto de la acción de algunos sectores y no de
otros.
Quiero empezar la reflexión tomando como punto de partida los
conceptos del sociólogo Juan Pegoraro porque resulta centrales para
comprender el orden social en el que vivimos y la función que cumplen
para dicho orden : el Derecho Penal, la ley y los castigos. Parto
entonces de la idea de que lo que aceptamos “naturalmente” como orden
social, nada tiene que ver con la naturaleza de los hombres porque dicho
orden social es absolutamente “artificial”.
El planteo de Pegoraro es una mirada crítica a la idea de sociedad
descripta por el pensamiento sociológico clásico que se nutre del
pensamiento de Durkheim y que propone una sociedad naturalmente
armónica, solidaria, en la que el delito sólo es una conducta
excepcional que ataca los lazos sociales. Partiendo de esta idea de
sociedad, se piensa que el Derecho es el que plasma aquello que “debe
ser” y por lo tanto el que refleja lo que en realidad es la conciencia
colectiva.
Pegoraro señala que existe una idealización en esta idea de
sociedad con conciencia colectiva, con conciencia moral, porque el
delito lejos de ser un hecho excepcional, es un hecho constitutivo de la
estructura social. Es decir que, esta sociedad además de tener
sentimientos y valores morales, también tiene necesidades y esas
necesidades también contribuyen a mantener el lazo social, lazo social
que no significa que no existan contradicciones y
tensiones.
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| Un grafiti en nuestra ciudad que parece decirlo todo |
Pegoraro observa que las Ciencias Sociales han omitido considerar este planteo y señala:
“…propongo como hipótesis que la omisión de la Teoría Sociológica de
integrar los delitos en el seno de la estructura social se explica en
gran medida porque ella nació y se desarrolló como propuesta de orden y
progreso, de racionalidad y de modernidad, de organicismo social, donde
el delito sería reducido por la ley y por la difundida moral ciudadana a
expresiones patológicas o de alguna irracionalidad contingente y por lo
tanto a ser sólo un aspecto tumoral de la vida social”.
La ciencia criminológica también ha abonado la idea de que los
delincuentes son una minoría y que tienen particularidades diferentes al
resto de la sociedad. Esto implica que no tiene en cuenta que además de
existe el hecho de violar una norma, el delito implica también la
intervención de instituciones que están integradas por personas que
interpretan la norma y la aplican o no según lo juzgan necesario. Así es
que esta Ciencia desde el SXIX se ha presentado como funcional a un
poder que necesita de ella para justificar un determinado orden social,
aceptando que determinados delitos sean perseguidos mientras otros son
aceptados.
Para poder llegar a esta interesante mirada propuesta por Pegoraro se
hace necesario hacer un recorrido que nos permita entender cómo se
construye la idea de pena, de Ley y de castigo.
Si uno se limita a considerar lo que significa “castigar”
exclusivamente desde un planteo jurídico, sólo se ve el vínculo lineal,
casi automático, que plantea: “a tal delito, le corresponde tal
castigo”, pero si se piensa la complejidad del fenómeno y se analizan
las múltiples variables que intervienen, este vínculo delito – castigo
puede entonces entenderse dentro de un orden social impuesto, que
responde a intereses de estamentos – clases – grupos sociales, tanto
poderosos como débiles y puede comprenderse además, cómo los grupos
dominantes construyen el concepto de “delito” determinando no sólo qué
es “delito” sino qué castigo le corresponde en cada caso.
Es necesario comprender que la idea de un orden social se construye
pensando que se trata de un acto libre y voluntarioso de los hombres
quienes deciden constituir la sociedad y que es con el Renacimiento que
se inicia un proceso de secularización que instala este discurso del
pacto social para justificar que el poder ya no deviene de Dios y que
tiene su origen y su legitimidad en ese acuerdo que los hombres hacen
para vivir en sociedad.
Por otra parte, el sistema penal no es producto de un
proceso natural porque a partir de la confrontación de relaciones de
fuerzas, de guerras, es que surge la Ley.
La derrota militar del poder del cristianismo católico es la
que provoca que la justicia divina sea desplazada y el “pecado” deje
su lugar al “delito”; delito que será tipificado por la Ley. Es este
Estado “triunfante” el que tiene el monopolio del poder de castigar, el
dictado de la Ley y la tributación.
Michael Foucault dice: “la guerra presidió el nacimiento de los
Estados: el derecho, la paz, las leyes, nacieron en la sangre y el fango
de las batallas…Pero con ello no hay que entender batallas ideales,
rivalidades como las que imaginan los filósofos o los juristas, no se
trata de una especie de salvajismo teórico. La ley no nace de la
naturaleza junto a los manantiales que frecuentan los primeros pastores,
la ley nace de las batallas reales, de las victorias, de las masacres,
de las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror. La Ley
nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas, surge como
los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día”. “…
contrariamente a lo que sostiene la teoría filosófica jurídica, el poder
político no comienza cuando cesa la guerra. La organización, la
estructura jurídica del Poder, de los Estados, de las Monarquías, de las
sociedades, no se inicia cuando cesa el fragor de las armas. La guerra
no está conjurada”.
Sin embargo, es más cómodo o tal vez más tranquilizador, pensar la
sociedad como una construcción natural sin analizar que detrás de ese
pensamiento hay un encubrimiento de la realidad histórica que nos
muestra una sociedad que está lejos de ser producto de la buena voluntad
de los hombres.
Lo que existe entonces, es un orden social impuesto desde un
Estado que pone en funcionamiento todo un dispositivo de poder producido
a partir del ejercicio de la fuerza o la violencia y que a partir de ser conquistado necesita además ser reproducido. Es por eso que un discurso del orden y un imaginario social son necesarios para construir legitimidad de ese poder de castigar.
Max Weber señala “la construcción de un poder que expropia el uso de
la fuerza física a otros poderes autónomos y monopoliza legítimamente en
un territorio ese uso de la fuerza que suma al monopolio de dictar la
ley y de la tributación; este proceso se objetiva en el Estado Moderno,
una asociación de dominio de tipo institucional”.
Ese discurso del orden se plasma en la política penal apelando a un discurso para poder perseguir determinados delitos que en realidad más que constituir un peligro para el orden social, importan a la opinión pública. El discurso del orden se constituye en el espacio de la Ley.
Es a partir de ella que se produce la obediencia y el control social
sancionando las conductas contrarias a lo que es considerado deseable
para la sociedad. Pero como fuerza y Ley no alcanzan es necesario un imaginario social
para el funcionamiento y reproducción del poder, imaginario que
involucra símbolos, prácticas, ceremonias, valores, ideologías,
“relatos”, y que hace que el poder sea inscripto en el espíritu de los
hombres.
Ahora bien, es preciso señalar que no es el Derecho Penal que surge
con el capitalismo, el que funda la sociedad, y por consiguiente el
orden, porque ese orden ya existe en las sociedades pre capitalistas. El
Código Penal vino en realidad a reforzar ese orden ya existente.
Durkheim para poder comprender que no es el Derecho Penal represivo
el que funda la sociedad hace referencia a la solidaridad orgánica de
las sociedades premodernas y dice “esas sociedades se sostenían por el
derecho civil, comercial, administrativo, es decir por un derecho
restitutivo”.
El Código Civil ya garantizaba el orden, administrando así las
diferencias, las desigualdades, las jerarquías y es el Código Penal el
que refuerza ese orden civil y legitima los castigos que “protegen” y
“reproducen” un orden social determinado. Detrás de una aparente
preservación de la moral, las buenas costumbres, la igualdad, lo que se
pretende es asegurar un orden de desigualdades, de jerarquías.”
La llegada de la modernidad trae una nueva racionalidad instrumental
que destruye aquellas estructuras premodernas y junto con ellas las
convicciones y lealtades. Se imponen nuevas reglas de juego, conductas
correctas que ubican a los individuos en su “nicho” apropiado. Esta
modernidad llega a dominar la totalidad de la vida humana.
Thomas Hobbes señala “no es cierto que exista naturalmente un
instinto gregario fraternal que lleve a los hombres a asociarse y a
buscar el bien común”. “… La causa del miedo mutuo se debe en parte a la
igualdad natural de los hombres y en parte a la voluntad que tienen de
hacerse daño mutuamente. La mano que empuña la espada de la guerra es la
misma que empuña la espada de la Ley y por lo tanto de la justicia”.
La invención de la imprenta que en el SXV permite la difusión de la
obra de Lutero y de las ideas reformistas que promueven la libre lectura
e interpretación de la Biblia, da lugar al avance de un individualismo
“peligroso” que debía ser contrarrestado. Hobbes lo hace desde su
Leviatán, es decir desde este Estado que tiene ahora el monopolio del
poder, que está guiado por la razón y que desplaza a la religión dando
lugar a lo secular, al Príncipe, al Rey, al Estado. Profundas
transformaciones económicas y sociales van desplazando las tradiciones y
costumbres características de la vida rural y campesina, dando origen a
un nuevo orden social.
Hasta el Siglo XVI lo que se gobernaba era el territorio y por ende
quienes lo poblaban. Recién a fines del S XVI lo que se empiezan a
gobernar son los hombres, hombres que están en relación con otro.
Aparece la preocupación acerca de cómo gobernar y esto significa: quién
gobierna, de qué manera y a quiénes. Es decir que el ejercicio del poder
supondrá una racionalidad que involucra no sólo al Gobierno del Estado,
sino al Gobierno de la casa y de sí mismo y es por ello que la familia
empieza a ser un modelo de Gobierno.
La Ley comienza a necesitar además tácticas y técnicas para poder ser aceptada.
La idea de una Ley de carácter Universal y Moral presentada como
un imperativo categórico (concepto planteado por Kant) y al mismo
tiempo el modelo de Contrato Social y la teoría Clásica del Derecho de
Beccaria expresan los fundamentos para poder explicar el Estado y el
Orden Social.
La Ley aparece entonces como algo abstracto, formal y el delito como
algo antijurídico que no considera al delincuente sino que impone
matemáticamente una pena proporcional a la falta cometida. Pero esta
necesidad de someterse a la Ley presenta la paradoja de que los hombres
son libres e iguales, de manera que el sometimiento debe realizarse de
modo que parezca natural y no impuesto. De manera que pronto se vería la
insuficiencia de esta manera abstracta de plantear el delito y en
consecuencia la pena, y se plantea la necesidad de lograr la
internalización de la Ley; internalización que se realiza a través de la
familia, que pasa a ser una herramienta de gobernabilidad en el siglo
XIX.
Se hace entonces necesario que este imperativo categórico que me
lleva a actuar conforme a las normas, sea internalizado. Dicha
internalización debe ser natural y por ello necesita ocultar la verdad
de que no existe tal pacto social por el que naturalmente los hombres
deciden formar la sociedad, es decir que necesita encubrir que lo que en
realidad existe es el uso de la fuerza. Es por eso que la aceptación de
la Ley necesita de la persuasión.
Se ve ya que existe una contradicción en este planteo porque por un
lado se habla de sujetos que son libres pero que al mismo tiempo deben
someterse a la Ley y que por ello necesitan internalizarla. La familia
es el vehículo para lograrlo. Lo femenino pasa a ser el lugar de la
abnegación, el padre el portador de la ley y el niño la matriz del
adulto normal.
En este proceso la medicina tiene un lugar central a partir del
momento en que el Estado además de controlar la economía, la guerra, la
justicia, empieza a controlar la salud de la población. El cuerpo pasa a
ser una realidad biopolítica en la medida que es fuerza de trabajo.
Esta medicina no solo cura sino que además interviene en el trazado de
calles, plazas, arquitectura de casas y edificios, recupera los
desviados. Para lograr su dominio se sirve de instituciones estatales y
privadas. Nacen las prisiones y manicomios para alojar a quienes
constituyen un peligro para el cumplimiento del Contrato Social y el
alienismo como técnica hospitalaria desarrolla una precisa distribución
del espacio clasificándolo según los grandes síndromes.
Los conceptos “normal” y “patológico” son centrales para comprender
las acciones que desde instituciones estatales y privadas se desarrollan
en procura de lograr la gobernabilidad de la población. Al sentido, la
función del hospital es central dejando de ser aquella institución de
carácter jurídico del SXVII para transformarse en una de carácter
médico. El “alienismo” se convierte en la técnica hospitalaria a partir
del aislamiento del enfermo, de la cuadriculación del espacio
hospitalario en función de los grandes síndromes, de la clasificación de
enfermedades. Todo un conjunto de dispositivos destinados a preservar
el orden social. Se hace a la familia, responsable de la enfermedad y se
considera que es el orden familiar el que falló y que por lo tanto debe
ser reconstruido para el orden social.
Loco – contraventor – criminal – enfermo son problemas sociales que
atentan contra el Pacto Social y deben ser aislados. Este “tratamiento
moral” se propone reconstruir a quienes no han podido internalizar la
Ley, tratando de recuperarlo para el Pacto Social. Se trata de un modelo
correccional que pone el foco en el delito, la locura o el
contraventor, que copia el tratamiento psiquiátrico de los manicomios
para el tratamiento penitenciario.
Los siglos XIX y XX proponen la defensa social, es
decir que lo que cuenta es la peligrosidad social del sujeto. Se busca
la reinserción social. El modelo correccional pone el foco en la forma
de ser del delincuente, el loco o el contraventor. Se trata de prevenir
la reincidencia o recaída en la locura.
Entre los años 1930 – 1950, el llamado higienismo, un modelo médico y correccional implementa
estrategias de control en espacios abiertos, parques, casas,
controlando accesos férreos, marítimos, fluviales y tiene a la educación
como herramienta esencial. Con posterioridad a la 2º Guerra Mundial se
pone en cuestión este modelo y las transformaciones sociales –
económicas producto de la emergencia de un nuevo paradigma productivo
proponen nuevas tecnologías de poder, nuevas formas de Gobernabilidad.
A partir de la década del 70` un nuevo paradigma productivo desplaza
el consumo de masas dando lugar a un consumo diversificado. La
globalización requiere sistemas de producción, modos de circulación y de
consumo homogéneos, que involucran a los medios masivos de
comunicación y al marketing como elementos fundamentales. La
concentración de los capitales aumenta el poder de las empresas que
adquieren la forma de empresas medianas, con menos trabajadores lo que
además da lugar a la flexibilización laboral. El Estado ya no se
muestra como arbitrando los conflictos de la sociedad civil sino que
Estado – Sociedad Civil junto a grandes empresas conforman una red que
funciona articuladamente.
La Ley entonces pierde su carácter universal, trascendente y
se transforma en una herramienta al servicio de ese entramado de
relaciones establecidas entre Estado – Sociedad Civil y empresas.
Estas transformaciones económicas impactan sin duda en la estructura
social y producen modificaciones en la manera de ejercer el poder. Este
poder deja de ser individualizante, ya no se aplican técnicas de
medicalización para disciplinar a la sociedad porque existen nuevas
técnicas como la estadística de la población. Lo que interesa es
conocer, controlar a los grupos socialmente peligrosos, no tanto a los
individuos.
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| Pobreza y clientelismo |
El Estado interviene cuando entiende que algún grupo resulta peligroso para el orden social.
Zygmunt Bauman señala “este sistema penal creado para mantener y
reproducir el orden social puede pensarse hoy en una sociedad en la que
es el consumo el que somete a los individuos a un orden socio–económico
impuesto como un aspecto residual del control social”. “…
Los pobres antes desempleados son ahora además no
consumidores. Se trata de hacer más visibles a esos pobres reduciéndolos
a las villas, favelas, cárceles.”
Ya no son las instituciones panópticas las que con su coerción logran disciplinar la sociedad en la obediencia a la Ley. Se ha construido una subjetividad que hace del miedo y la inseguridad que el mismo mercado produce, el elemento disciplinador.
Lo preocupante es que pese a la evidente retirada del Estado producto
de la implementación de políticas neoliberales que dejan a la economía
librada a la suerte con un poder cada vez más concentrado y
transnacionalizado, el reclamo de seguridad planteado por la sociedad no
hace referencia a ese Estado, que se muestra débil frente a las leyes
del mercado, con una distribución regresiva de los ingresos, con
desigualdad social, pobreza, desnutrición infantil, indigencia. Por el
contrario, de lo que se habla, es de una inseguridad individual, de delitos interpersonales o comunes.
Es en este contexto, que tiene lugar una profunda crisis de
legitimidad que no sólo se ve plasmada en las instituciones políticas
sino también en los que tienen como función el control penal: poder judicial, poder policial, penitenciario.
Hoy, la Ley, ya no está por encima de los intereses particulares, ya no es el imperativo categórico, ya no es universal. Esto
permite entender cómo este nuevo poder que antes se mostraba
individualizante y necesitaba el control de la población mediante la
medicalización, hoy cede paso a la estadística que con sus bases de
datos controla individuos y grupos potencialmente peligrosos.
El poder ya no busca el castigo ni la rehabilitación, busca identificar y controlar grupos peligrosos.
Hoy la caracterización de normal – desviado pierde importancia porque
no se busca individualizar al sujeto indisciplinado que se ha desviado
de la norma, que no pudo internalizar la Ley. Tampoco importa su
regeneración. El consumo es el parámetro, un individuo es consumidor o no consumidor.
El poder utiliza sus tecnologías de control a fin de identificar aquellos grupos no consumidores
y por ende, peligrosos para el orden social. La cárcel controla esa
masa denegada tratando de gestionar el riesgo de grupos que sin
esperanza ninguna, constituyen una masa marginal permanente.
Existe una nueva forma de inseguridad que sin dudas tiene
responsables si pensamos en aquellos que con sus políticas provocan un
impacto directo en las condiciones de vida de la población. Es esa
inseguridad la que genera el miedo a perder el trabajo o directamente a
no conseguirlo, a no tener acceso a la salud o a una educación de
calidad, a no poder vivir dignamente.
Las características que presentan hoy los hechos delictivos nos ponen
frente a un nuevo tipo. Existe lo que se llama la
“desprofesionalización” de la delincuencia, es decir que los hechos
delictivos son llevados a cabo por personas que no tienen ningún plan,
que salen “al boleo” viendo la oportunidad.
Ante esta caracterización del delito es difícil pensar una política
de prevención penal que pueda evitar los hechos delictivos si no se
piensa en la necesidad de proponer políticas sociales de integración que
puedan reconstruir los lazos solidarios que el actual sistema económico
destruyó…
Por eso es necesario aceptar 1º, que existe un control social
que permite reproducir un orden y 2º, que ese poder necesita que los
individuos o grupos sociales sean integrados a ese orden, recurriendo
para ello si es preciso, a prácticas que significan corrección,
represión, exclusión y si es necesario, eliminación. Todo por la
reproducción de un orden social que no puede ser alterado y debe ser
preservado y reproducido.
El problema es que la mayoría de los penalistas no ponen como
tema central el problema del orden y omiten que la Ley conlleva un acto
de poder que responde la construcción de un orden social que determina
lo que está bien o mal, permitido o no permitido. Este modo de razonar
es el que los lleva a sostener erróneamente, que las conductas desviadas
o delictivas son el fundamento del sistema penal. De tal manera que
esta limitada mirada del delito determina que la política penal sea
planteada como “corrección”, como respuesta a las conductas delictivas.
Por otro lado, la dirigencia política también muestra esta interpretación limitada del problema y se advierte cuando
los candidatos presentan sus propuestas y revelan claramente una visión
del sistema penal como forma de “represión de los delitos” sin
plantear el tema sustancial que está en juego: el problema del orden.
Las propuestas no van más allá de la “instalación de cámaras de
seguridad” o de la creación de la“policía municipal” sin plantear
concretamente cómo van a encarar con seriedad la lucha contra el crimen
organizado, contra el delito común organizado, contra el narcotráfico.
Se habla de luchar contra el delito sin hablar del delito
económico producido por funcionarios estatales en sociedad con intereses
privados que además disponen de los actos administrativos y las leyes
funcionales a tales delitos. Son estos delitos, en los que participan
tanto los funcionarios del Estado como privados los que impactan luego
en la degradación de las condiciones de vida, en la falta de salud, en
el deterioro de la educación, en la falta de vivienda, en la ausencia de
servicios mínimos que hacen a la calidad de vida: agua potable,
cloacas, luz, transporte público.
La misma dirigencia política que es parte del sostenimiento
de un modelo que avala la injusticia, que genera corrupción, que no da
la batalla al narcotráfico, que crea las condiciones para la connivencia
de jueces, fuerzas de seguridad, políticos para la práctica delictiva,
esa misma dirigencia es la que propone respuestas a la inseguridad.
Ellos mismos son parte de un Estado que defiende y promueve un orden
social injusto y por ende políticas de seguridad que permiten consolidar
dicho orden.
¿Es posible plantear respuestas a la inseguridad pensando
exclusivamente en una inseguridad individual sin plantear una política
penal que deje de ser una herramienta para legitimar y reproducir un
orden social capitalista injusto?
Robert Castel habla de la “desciudadanización” para referirse a los
efectos dramáticos que el capitalismo salvaje neoliberal ha producido.
La inseguridad social, la inseguridad en el trabajo en la educación, en la vivienda, esa inseguridad es la central”.
La modernidad hoy adquiere un nuevo significado y da paso a lo que Zygmunt Bauman llama “modernidad líquida”. “Pautas
y configuraciones, dice Bauman, ya no están determinadas ….hay
demasiadas, chocan entre sí, sus mandatos se contradicen de manera que
cada una de esas pautas y configuraciones ha sido despojada de su poder
coercitivo o estimulante. El poder de licuefacción se desplaza del
sistema a la sociedad, de la política a las políticas de vida…, ha
descendido del macronivel al micronivel de la cohabitación social. Como
resultado existe una visión privatizada de la modernidad, en la que el
peso de la responsabilidad del fracaso cae primordialmente sobre los
hombros del individuo”.
Atrás queda el diseño del panóptico de Bentham usado por Foucault,
como metáfora del poder moderno. Poder de los jefes, inmovilización de
los subordinados, rutinización del ritmo temporal son estrategias del
ejercicio de dicho poder; estrategias costosas que necesitan construir
edificios, contratar vigilancia profesional, responsabilizarse del
bienestar general del lugar, presencia permanente, prisiones, roces
constantes.
Es esta primera modernidad reemplazada por una segunda modernidad,
posmodernidad en la que el poder se vuelve extraterritorial, con
relaciones pospanópticas en las que quienes manejan el poder ya no están
presentes y donde la principal técnica de poder es la huida, el
escurrimiento la elisión, las capacidad de evitar, el rechazo concreto
de cualquier confinamiento territorial.
El poder desarrolla hoy una nueva técnica que emplea el descompromiso y el arte de la huida.
Señala Bauman: “la precariedad de la existencia social provoca
una percepción de que el mundo circundante es una superposición de
productos para consumo inmediato. Para percibir el mundo, incluyendo a
sus habitantes, como un pozo de artículos de consumo, transforma la
negociación de vínculos humanos duraderos en algo extremadamente arduo. La
gente insegura tiende a ser irritable, tiene poca paciencia con todo
aquello que se interpone en el camino, que conduce a la satisfacción de
sus deseos y como muchos de esos deseos están destinados a verse
frustrados, hay por lo tanto escasez de cosas y poca paciencia con las
personas”.
La hipocresía de los líderes mundiales que presidiendo Gobiernos
“democráticos” avalan sistemas de corrupción que sólo buscan optimizar
la acumulación de capital, brinda escasas esperanzas de modificar el
actual orden económico social salvajemente injusto que no puede dar
respuesta a la profunda brecha entre ricos y pobres.
En tal sentido es preciso comprender la implicancia que el delito
económico organizado tiene en la estructuración de la sociedad porque es
el que produce los mayores niveles de inseguridad.
No es posible pensar respuestas serias al problema de la
inseguridad si no se está dispuesto a dar pelea al lavado de dinero lo
que significa identificar a los bancos como una instancia fundamental ya
que es en sus cuentas donde se realiza el lavado del narcotráfico o de
los negociados de las privatizaciones en las que el Estado no es ajeno.
¿Por qué es tan limitada la visión que la dirigencia política tiene de la “inseguridad”?.
¿Acaso porque responde a una postura ideológica a la que no le
interesa cuestionar el mantenimiento de actual orden político –
económico y en consecuencia considera que el sistema penal debe
reafirmar ese orden?
¿O tal vez desconocen que toda política penal conlleva una
funcionalidad a un sistema económico y social y entonces por
desconocimiento sólo piensan en soluciones coyunturales de respuestas
rápidas, cómodas y “tranquilizadoras” para la sociedad?
Como dirigentes políticos ¿No son concientes del grado de
irresponsabilidad que conlleva el no dar respuestas concretas a las
problemáticas de quienes pretenden representar?
¿Comprenden que la corrupción es la causa fundamental de tantas
inseguridades sociales: falta de salud, de vivienda, descenso de calidad
educativa, desnutrición infantil, falta de agua potable?.
¿Por qué prefieren hablar de la inseguridad “individual”?.
Tal vez porque hablar de la inseguridad social los compromete a dar batalla a un poder cómplice de tantas injusticias……
Dice al respecto Pegoraro que “existe una ausencia llamativa en
las ciencias sociales a hacer referencia a las conductas ilegales como
parte de la estructura social en la Argentina. En este sentido se
construye un imaginario de delito asociado a la violencia sin razón, al
crimen, la violación sexual, que no deja ver aquellos actos ilegales
como el delito económico organizado, que van socavando la Democracia”.
Agrego que la dirigencia política también es parte de esa construcción.
Y señala Pegoraro: “hace casi cien años, Pareto realizaba un
lúcido y descarnado análisis de la democracia cuando decía: "Tenemos
ahora, bajo una forma distinta, una nueva feudalidad que, en parte,
reproduce la sustancia de la antigua. En esos tiempos, los señores
congregaban a sus vasallos para hacer la guerra, y, si obtenían la
victoria, los recompensaban con el botín. Hoy los políticos y los
líderes sindicales actúan del mismo modo y congregan a sus tropas para
las elecciones, a los efectos de llevar a cabo actos de violencia contra
sus adversarios y obtener de tal modo beneficios que los vencedores
disfrutan.... Los privilegios que gozaban en aquellos tiempos los nobles
se reflejan en los privilegios judiciales, fiscales y otros que los
diputados gozan ahora y, en pequeña pero no desdeñable medida, también
sus electores, si pertenecen al bando gubernamental”.
Zygmunt Bauman dice: “el problema de la seguridad tiende a estar
crónicamente sobrecargado con preocupaciones y anhelos que no puede
resolver y de los que tampoco se puede descargar. Esta alianza profana
conduce a una sed insaciable de más seguridad que ninguna medida
práctica es capaz de paliar, ya que no llega a tocar ni alterar las
fuentes primordiales y prolíficas de la incertidumbre y la inseguridad,
las dos responsables de tanta ansiedad y angustia”.
El sistema penal con su esquema básico de delito - castigo es
estructuralmente incapaz de comprender la vida social. La corrupción
tiene como objetivo integrar, cooptar o neutralizar oposiciones.
Pegoraro señala que “el arte de gobernar incluye a la corrupción como un insumo más que como una herramienta táctica”.
Creo por lo expuesto, que queda en evidencia la complejidad del
fenómeno de la inseguridad que conlleva el análisis de la inseguridad
social y que por lo tanto no debe excluir la articulación existente
entre gestión estatal y corrupción pensados más allá de actos
individuales sino como prácticas de gubernamentalidad.
Es absolutamente imprescindible darnos el debate honesto y
sincero, sin objetivos electoralistas, sobre el modelo de sociedad que
queremos construir, porque se necesita coraje para encarar la batalla
que ello implica.
Dar la batalla a la inseguridad implica enfrentar la amplia red de
relaciones que existen entre los diversos poderes que la sostienen, es
decir desarticular esa red personal, grupal, institucional que hoy
constituye el arte de gobernar.
